Frente a la situación sanitaria que vive el mundo actual generada por el COVID-19, y que la OMS (2020) ha calificado como una pandemia, es importante reflexionar sobre las disposiciones dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ha establecido que las acciones o medidas que tomen los Estados deben considerar el pleno respeto a los derechos humanos.
La pandemia puede afectar los derechos humanos por las alteraciones a la salud, a la vida, la integridad personal y generar impactos negativos en las personas, sobre todo en grupos vulnerables debido a las desigualdades sociales.
En este contexto, la Comisión plantea una serie considerandos relevantes. Entre estos, preservar el derecho a la salud (bienestar físico, mental y social) ya que es un bien público, de carácter inclusivo y por tanto, los Estados deben incentivar la investigación aplicada, usar la tecnología, proponer alternativas para luchar contra los problemas que genera la pandemia. Asimismo, establece los Estados de excepción, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho; en este marco considera la independencia en la actuación de los poderes estatales y las instituciones de control, la restricción de ciertos derechos como reuniones y circulación por espacios públicos, el reconocimiento del rol de la prensa. Por otro lado, sobre los grupos vulnerables, establece que los Estados deben prestar atención especial a estos. Por último, propone la cooperación internacional y el intercambio de buenas prácticas con el propósito de enfrentar los diversos problemas que genera el COVID-19.
En este marco realiza una serie de recomendaciones a los gobiernos. Entre estas, adoptar medidas que protejan los derechos a la vida, salud e integridad personal en quienes se encuentren en situación de riesgo frente a la pandemia. Medidas intersectoriales para enfrentar el problema y las mismas consecuencias que este genere, cumpliendo los estándares sobre derechos humanos; asegurar el acceso a los medicamentos, tecnologías sanitarias, a la disponibilidad de material de bioseguridad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud mental; asegurar los mecanismos de acceso a la justicia ante posibles violaciones de los derechos humanos; vigilar que las empresas respeten los derechos humanos; asegurar o garantizar los derechos de los grupos vulnerables: personas mayores, privadas de su libertad, mujeres, pueblos indígenas, migrantes, personas refugiadas, víctimas de trata de personas, niños, niñas y adolescentes, personas LGBTI, afrodescendientes, con discapacidad. Asimismo, promover medidas de cooperación internacional e intercambio de buenas prácticas para asegurar del derecho a la salud y los demás derechos humanos.
En este contexto es necesario reflexionar si los Estados están cumpliendo las recomendaciones emitidas por la CIDH; si las actividades de las diversas organizaciones o empresas se orientan a este mismo propósito; si cada persona está asumiendo su responsabilidad cumpliendo las disposiciones.
